Ilustración: Erick Retana
En alianza editorial con CONNECTAS
En abril de 2015, dos turbas de cubanos se liaron a puñetazos en las calles de Ciudad Panamá, durante la celebración del Foro de la sociedad civil de la VII Cumbre de las Américas. De un lado estaban miembros de organizaciones independientes del Estado cubano. Del otro, una delegación enviada por el gobierno de la isla que a golpes y consignas se autoproclamaba la auténtica sociedad civil cubana, lanzando provocaciones al resto de los invitados. El encontronazo no pasó de un escándalo diplomático que La Habana catalogó como una muestra de “reafirmación revolucionaria”.
Fue a partir de ese año que el gobierno desempolvó el término sociedad civil para rebautizar al entramado de organizaciones dependientes del Estado, las cuales eran llamadas desde 1959 “organizaciones políticas y de masas”. En el contexto de la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, la expresión comenzó a usarse como un símbolo de apertura. Tras aquel altercado, que en parte se repetiría en la VIII Cumbre de las Américas, no volvería a ponerse en tela de juicio la autenticidad de la sociedad civil designada por el gobierno… hasta junio de 2021.
El 10 de junio de 2021, el Parlamento Europeo (PE) aprobó la Resolución 2021/2745 (RSP) sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, un documento que señala minuciosamente las violaciones de derechos digitales, políticos y civiles cometidas por el gobierno cubano en los últimos tres años. El texto, además, resultó una suerte de ultimátum para el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Bruselas y La Habana, instrumento que desde 2017 garantiza las buenas relaciones entre ambas partes, a condición de que la segunda muestre avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, esto fue solo la culminación de un debate que dos días antes enfrentó a eurodiputados de distintas facciones políticas y dejó en el aire una pregunta incómoda: ¿La Unión Europea (UE) es cómplice del régimen cubano?
Según lo expresado por varios eurodiputados en la reunión parlamentaria del 8 de junio, sí. Dicha complicidad, dijeron, proviene en mayor parte de los funcionarios de la Delegación de la UE en Cuba, de Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y del Servicio de Acción Exterior europeo. Sobre los supuestos cómplices cayeron varias acusaciones, pero ninguna tan grave como la de financiar al gobierno cubano con los fondos de la UE destinados a apoyar a la sociedad civil de la Isla. Algunas pruebas apoyaban esta idea.
En mayo de 2021, la organización de derechos humanos Cuban Prisioners Defenders publicó un informe que advertía que los fondos de la UE destinados a apoyar a la sociedad civil en la Isla terminan en manos de falsas ONGs cubanas. También por esas fechas, una investigación de YucaByte reveló cómo medio millón de euros donados por la UE para un proyecto de urbanización sostenible en Cuba financiaron un sistema de geolocalización, que se usaría sobre los ciudadanos. En un país cuyo gobierno persigue y encarcela a defensores de derechos humanos, artistas y periodistas, y donde no existen leyes de transparencia ni de protección de datos, el empleo de estos fondos resulta, cuando menos, cuestionable.
Borrell, sin embargo, negó y catalogó de absurdas las acusaciones impugnadas sobre el Servicio de Acción Exterior europeo y su persona. Aunque admitió que los fondos europeos solo respaldan a organizaciones reconocidas por el gobierno cubano, dejó a entender que estas también son parte de la sociedad civil. Finalmente, ante la imposibilidad de demostrar lo contrario, la Resolución aprobada no contempló el asunto de la complicidad de Bruselas con el régimen de La Habana.
Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Foto: Parlamento Europeo
Mientras esto sucedía en Estrasburgo, 450 mil euros de la UE financiaban el proyecto “Laboratorios de Innovación para la transformación digital en el sector de la Cultura” (Co-Lab) en cinco provincias cubanas. En los registros de cooperación europeos, consta como beneficiaria de este presupuesto la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), una asociación presentada en la Isla como ONG, de la cual su presidenta asegura que es un “sueño de Fidel [Castro]”.
Co-Lab, un proyecto institucional
A inicios de 2020, la UIC presentó oficialmente el proyecto Co-Lab, el cual tiene como objetivo la creación de “laboratorios de innovación” que vinculen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) al sector de la cultura en Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos, Mayabeque y Pinar del Río. Su implementación está prevista hasta 2023.
Con este proyecto, la UIC se postuló en 2019 para recibir los fondos de la UE para el apoyo de la sociedad civil en Cuba, que en la convocatoria de ese año ascendían a 2.6 millones de euros a repartir. El presupuesto obtenido para Col-Lab fue de 450 mil euros, al que se sumaron 92.028 euros, supuestamente salidos de los propios bolsillos de la organización. La iniciativa, según consta de manera oficial, es apoyada por Lucentia (empresa española de tecnología con sede en Alicante), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, en especial, por Tecnalia, un centro de investigación y desarrollo tecnológico con sedes en varios países europeos que mantiene relaciones de cooperación con la Comisión Europea.
Aunque Co-Lab se cataloga como un proyecto de la sociedad civil, solo la UIC consta entre sus actores como tal, incluso bajo los estándares del gobierno cubano. Además de esta organización, en Co-Lab intervienen las universidades provinciales (instituciones estatales subordinadas del Ministerio de Educación Superior) y los gobiernos locales, especialmente los funcionarios de las Direcciones de Cultura de cada provincia. La presencia de dichos actores estatales, así como varias de sus declaraciones, ponen en entredicho la idea de que el proyecto pertenezca realmente a una ONG.
En la presentación de Co-Lab, funcionarios de los cinco gobiernos provinciales implicados dejaron claro que el proyecto sigue las pautas marcadas por el Estado y ayuda a “la transformación del modelo económico cubano”. En el caso específico de Las Tunas, una nota de la Agencia Cubana de Noticias reveló que el objetivo del proyecto sería incorporar las TIC a la conservación del patrimonio local e instaurar rutas turísticas –que incluye una red de restaurantes- apoyadas por plataformas webs y aplicaciones móviles. Para trabajar en la planificación de las etapas del proyecto en esta localidad, la UIC optó por designar a la Universidad de Las Tunas. Curiosamente, la carrera vinculada a Co-Lab no es la de Turismo ni ninguna otra relacionada a las tecnologías o las artes, sino la de Marxismo-Leninismo. Proyectos culturales comunitarios, artistas y galerías independientes no son mencionados en la nota.
Es difícil diagnosticar el verdadero impacto social de Co-Lab y su desarrollo actual, dado que está en proceso de implementación. No obstante, los resultados de otro proyecto local de la UIC podrían arrojar pistas sobre qué esperar. Se trata del Laboratorio de Innovación Ciudadana en el municipio capitalino La Habana Vieja, con cuya maquetación la UIC fue seleccionada, en 2019, para participar en la 5ta Edición del Programa de Residencias de Innovación Ciudadana. Dicho Programa, apoyado por la Comisión Europea, fue organizado por la Secretaría General Iberoamericana (España), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Exteriores de España, el espacio cultural Media Lab Prado y el Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto (España). La iniciativa presentada consistía en crear un espacio que fomentase mayor transparencia en la gestión de las autoridades locales, así como la interacción digital entre estas y los ciudadanos.
En su presentación, la UIC puso como ejemplo de garantía sobre transparencia y democracia en Cuba el proceso de aprobación de la Constitución de 2019. Para conocer el impacto social de esta iniciativa de la UIC, YucaByte realizó una encuesta a 30 ciudadanos residentes en La Habana Vieja, específicamente en las barriadas de Jesús María y San Isidro. La encuesta consistía en dos preguntas: ¿Conoce usted el proyecto local de la UIC para fomentar la transparencia en la gestión de las autoridades municipales? ¿Ha interactuado alguna vez con el sitio oficial del gobierno municipal? Todas las respuestas, en ambos casos, fueron negativas.
Historia de una falsa ONG
Que el Servicio de Acción Exterior europeo reconozca a la UIC como una organización de la sociedad civil cubana contradice lo que explícitamente la UE reconoce como tal, es decir, “aquellos actores no estatales, sin ánimo de lucro, que operen de forma independiente y transparente”. La UIC, desde su fundación, ha sido una asociación subordinada de forma directa a instituciones e intereses del Estado cubano.
Aunque se creó en febrero de 2015, no fue hasta marzo de 2016 que la organización quedó oficialmente constituida. Esto último sucedió en un evento en el Palacio de las Convenciones, dedicado al “90 cumpleaños de Fidel Castro. Para ser una ONG, la UIC contó en su “acto constitutivo” con una sospechosa y desmedida presencia de funcionarios del gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC). Algunos de ellos fueron Miguel Díaz-Canel, quien entonces era primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Jorge Cuevas Ramos, en aquel momento miembro del secretariado del Comité Central del PCC y jefe del Departamento de Transporte, Turismo, Comunicaciones y Servicios del PCC, Maimir Mesa Ramos, quien se desempañaba como ministro de Comunicaciones, y Wilfredo González Vidal, actual viceministro primero de Comunicaciones. Una vez se inició el proceso de inscripciones, los aspirantes a su membresía debieron rellenar planillas que solo eran descargables desde la portal web del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM). Los correos electrónicos de las sedes provinciales de la UIC en ese primer momento eran institucionales, pertenecientes todos al MINCOM (ejemplo: uic.ch@.mincom.gob.cu). La UIC se declaraba un espacio para unir a informáticos y trabajadores con experiencia en el sector de las TIC, sin embargo, su presidenta, Ailyn Febles, prefirió establecer como base de la organización “la unidad de sus miembros en el apoyo al proyecto social de la Revolución cubana”, y como misión, “implementar el proceso de informatización de la sociedad”.
Ailyn Febles Estrada, Presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba. Foto: Cachivache Media
Durante los últimos cinco años, la UIC ha vendido muy bien su fachada de ONG ante el mundo, sobre todo desde su participación en eventos regionales relacionados a la democratización de las TIC. En 2020, por ejemplo, representó a Cuba en el Foro de Gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe, cuyas líneas temáticas giraban alrededor de pensar “modelos para una internet inclusiva” y analizar “oportunidades e impactos en derechos humanos de las tecnologías en un mundo post Covid-19”. A finales de ese año, también fue invitada a la conferencia regional América Accesible, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para hablar sobre los obstáculos en el acceso a las TIC a “mujeres, homosexuales, transexuales y discapacitados”. La UIC, según una nota del diario oficial Juventud Rebelde, expresó que estos sectores de la sociedad necesitan ver “protegidos sus derechos fundamentales sin que sean objeto de discriminación, exclusión o agresión”.
La UIC da cátedra de inclusión en internet en eventos regionales, sin embargo, omite que el gobierno cubano, a través del MINCOM, viola los derechos digitales de sus ciudadanos, especialmente de periodistas independientes, artistas y defensores de derechos humanos. Esto último fue denunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y ONGs internacionales como Amnistía Internacional, #KeepItOn Coalition y Access Now. También el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación de las Naciones Unidas, Clément Voule, incluyó en su informe del pasado 15 de junio al gobierno cubano como uno de los regímenes que usa los cortes premeditados de internet para evitar la organización de protestas y manifestaciones en el país.
Para este reportaje, YucaByte intentó comunicarse con directivos de la UIC. Hasta el momento no han dado respuesta a la solicitud de entrevista.
Las reglas del juego de la “sociedad civil cubana”
Para una economía devastada como la cubana, cuyos índices de crecimiento son cada vez más alarmantes y se reflejan en la escasez crónica de productos de primera necesidad, los acuerdos de cooperación internacional son bienvenidos. La ayuda brindada por la UE, de 155.5 millones de euros solo en proyectos relacionados con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, no resulta nada despreciable. Este dinero, sin embargo, no llega siempre de manera directa a manos del gobierno de la Isla, como suele pensarse, sino que es parte de un complejo sistema de fondos de cooperación bilateral.
Según Juan Garay, jefe de Cooperación de la Delegación de la UE en Cuba, la UE cuenta con múltiples vías de cooperación, algunas mediante programas bilaterales, cooperación regional y programas de educación y ayuda humanitaria. También, dijo, existe un sistema de cooperación temática, en el cual se inscriben las convocatorias abiertas para la sociedad civil.
Realmente, los fondos europeos destinados a la sociedad civil cubana son ínfimos si se comparan con los usados en otras esferas de cooperación bilateral. Según el informe Cooperación UE-Cuba, agenda 2030 para el desarrollo sostenible (2017-2019), la mayoría de los proyectos financiados por Bruselas en la Isla son implementados por varios organismos e instituciones no cubanas, casi todas pertenecientes a la ONU, los bancos de desarrollo de países miembros de la UE y mecanismos de cooperación triangular que involucran a instituciones de países de América Latina. En dichos casos, se supone que el dinero no termina directamente en las arcas del gobierno cubano, algo que sí ocurre con el presupuesto de apoyo a la sociedad civil. El informe citado reconoce de forma explícita que la apropiación financiera del gobierno cubano de la cooperación con la UE es de un 17% y corresponde a los proyectos implementados por las autoridades locales, las universidades y la sociedad civil.
De acuerdo a datos ofrecidos por la Embajada de la UE en Cuba, se encuentran en desarrollo 12 proyectos relacionados exclusivamente con la sociedad civil cubana, incluyendo Co-Lab. El financiamiento total de estos proyectos es de 8.658.174 euros salidos de Bruselas, que representan cerca del 5.6% del presupuesto total activo en materia de cooperación UE-Cuba.
Según explicó Garay, la UE abre convocatorias para financiar proyectos de la sociedad civil, a las cuales las ONGs cubanas pueden postularse. Pero ¿cómo decide el Servicio de Acción Exterior europeo a quiénes repartir su presupuesto?
El presupuesto destinado a la sociedad civil corresponde al programa temático de la UE “Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales. Apoyo al trabajo de desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Cuba”. Ante cada convocatoria, se publica el presupuesto total y una serie de “objetivos priorizados” al que deben atender quienes postulan. El proceso de aprobación de los fondos de Co-Lab pudiera explicar cómo la supuesta sociedad civil logra financiarse con dinero público europeo.
La UIC solicitó financiamiento con su proyecto en la convocatoria de 2019. Para esa convocatoria, la UE priorizó aquellos proyectos que contemplaran en sus objetivos el “fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Cuba en la promoción de la cultura como vector de desarrollo sostenible y para la inclusión social”, y también a aquellos que contribuyeran a “promover la participación de la sociedad y acompañaran la actualización del modelo socio-económico cubano”. A la UIC le bastó entonces idear un proyecto que contuviera ambos requisitos en sus objetivos principales para asegurarse 450 mil euros.
La UE, además, exige ciertas normas a las organizaciones postuladas. La primera de ellas es ser una organización de la sociedad civil con personalidad jurídica.
–De acuerdo al marco legal en que debemos trabajar, solo son elegibles las ONGs cubanas que están registradas en Cuba.- declaró Juan Garay a YucaByte.
Juan Garay, Jefe de Cooperación de la delegación de la Unión Europea en Cuba. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
No es obligatorio que la organización solicitante esté ubicada en Cuba, ya que también son permitidas otras radicadas en países miembros de la UE. Sin embargo, a las ONGs extranjeras se les exige que tengan al menos un co-solicitante cubano que esté registrado como sociedad civil en la Isla. Aunque estos requisitos son aplicables a todos los países, en el contexto cubano representan un freno al desarrollo de la verdadera sociedad civil al reconocer una normativa tan arbitraria como la Ley de Asociaciones de Cuba. Al subordinar sus decisiones a la Ley de Asociaciones, la UE impide de antemano que cualquiera de sus fondos vaya a parar a organizaciones independientes, las cuales no son reconocidas por el gobierno cubano. Las opciones quedan entonces abiertas exclusivamente a falsas ONGs que sí son reconocidas por el régimen y se subordinan a sus instituciones. No obstante, algunos organismos independientes han intentado solicitar los fondos europeos, como es el caso de Cubalex, una organización de defensa y promoción de derechos humanos que también da asesoramiento legal a presos y perseguidos políticos cubanos.
–Actualmente tenemos algunos trabajadores en Cuba, pero hubo un tiempo en que estábamos todos radicados en la Isla. Nosotros solicitamos fondos de la UE, que había abierto la convocatoria a la sociedad civil. Pedimos solo 5.000 euros, pero como requisito para optar por ese presupuesto teníamos que estar registrados en virtud de la Ley de Asociaciones.– contó a YucaByte Laritza Diversent, jurista cubana y directora de Cubalex.
Antes de solicitar infructuosamente fondos de la UE, Cubalex intentó registrarse como una ONG de la sociedad civil cubana, pero las autoridades del país no lo permitieron. De haberlo logrado, según la ley vigente, Cubalex hubiera perdido toda su independencia como organización. Las normas que rigen el registro de organizaciones en Cuba son la Ley 54/1985 “de Asociaciones” y la Resolución 53/1986 del Ministerio de Justicia (MINJUS). De acuerdo a estas leyes, no se reconocen organizaciones ni asociaciones políticas (excepto las organizaciones creadas por el régimen por resoluciones, leyes y decretos), ni aquellas que tengan entre sus objetivos propósitos similares a una ya registrada. Esto último le facilita al gobierno mantener un control absoluto sobre cada sector de la sociedad.
La propia Ley de Asociaciones también prohíbe la independencia de las organizaciones registradas, ya que las obliga a subordinarse a una institución estatal. Dicha institución está facultada para inspeccionar y regular a la organización bajo su mando. Entre ambas se exige una relación afín, de manera que la UIC se subordina al MINCOM y Cubalex, de haber sido aceptada, se hubiera sometido al MINJUS.
–La falta de registro se traduce en falta de personalidad jurídica, lo cual hace que de manera legal no puedas tener como ONG una cuenta bancaria donde puedan hacerte depósitos. Nosotros entendemos que si no estás registrado ni tienes cuenta bancaria no se puede llevar un seguimiento claro y transparente de la gestión de fondos y, por tanto, no se pueden solicitar.-explicó Diversent.
Poco después de la negativa de la UE a entregarle fondos, Cubalex gestionó una alianza con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que recibe dinero de la UE. Los fondos para el proyecto presentado en conjunto por estos tres organismos, cuenta la jurista cubana, fueron nuevamente negados.
-Esto es algo que suelen hacer las organizaciones de la sociedad civil sin personalidad jurídica en Cuba: buscar intermediarios y presentar proyectos en conjunto. Estados Unidos, por ejemplo, tampoco financia organizaciones sin personalidad jurídica, pero los fondos federales sí aceptan trabajar mediante organizaciones intermediarias. Esa falta de voluntad política de Bruselas, además de discriminatoria, afecta a organizaciones europeas, que para trabajar con nosotros también tienen que pedir fondos de Estados Unidos – expresó Diversent.
Laritza Diversent, directora de Cubalex. Foto: Geneva Summit.
La sociedad civil independiente cubana está doblemente desprotegida. Primero, porque el Código Penal contempla el delito de asociación ilícita, que condena a los afiliados de organizaciones no registradas a penas de uno a tres meses de prisión, y a los “promotores”, de tres meses a un año. Segundo, porque al no tener en cuenta el contexto normativo cubano para aplicar requisitos excepcionales a su sociedad civil independiente, la UE obliga a estas ONGs a buscar fondos estadounidenses.
El no contar con más opción que solicitar presupuestos ofrecidos por Estados Unidos, facilita al gobierno cubano acusar de mercenarismo a la sociedad civil independiente, y a sus activistas de ser agentes de la CIA. Esto no es un hecho menor, pues las acusaciones no solo quedan en palabras. La Ley 88/1999, en su artículo 11, establece que todo aquel que reciba o distribuya dinero proveniente de Estados Unidos –incluyendo financistas privados o fondos llegados por intermediarios- debe ser sancionado con una pena que va de tres a ocho años de privación de libertad.
–Yo intenté encontrarle sentido a esto, y en 2016 tuve la oportunidad de reunirme con uno de los negociadores europeos del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba. Le pregunté por qué no daban fondos a través de intermediarios a organizaciones no registradas. Me dijo: “Porque el gobierno cubano nos lo pidió”. En febrero de 2020 intenté comunicarme con el Servicio de Acción Exterior de la UE y fui clara. Pregunté nuevamente por qué le impiden aplicar a fondos a las organizaciones cubanas no registradas. No me dieron respuesta. Y yo le he mandado a la UE un informe detallado sobre el derecho de asociación en Cuba y los obstáculos de la sociedad civil, así que están informados de todo. Por tanto, lo que tiene la UE es falta de voluntad política, y eso solo está complaciendo al gobierno cubano.-relató Diversent.
No obstante, es posible que la complicidad de la UE con el régimen se deba más a una cuestión de intereses que a mera falta de voluntad política. El 8 de junio de 2021, asediado por las acusaciones que lo vinculaban con el régimen cubano, Josep Borrell insistió en que era necesario mantener a toda costa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para evitar un congelamiento de las relaciones bilaterales y el fin de la influencia europea en Cuba. Meses antes, Alberto Navarro, ex embajador de la UE en la Isla, reconoció al ser interpelado en una entrevista sobre la exclusión de la sociedad civil independiente en los diálogos políticos entre Bruselas y La Habana: “Para impulsar políticas en Cuba tiene usted que aceptar las reglas del juego que hay.”
El cuento del pez grande y el pez chico
Para cuestiones asociadas al mundo empresarial y a la política suele usarse el cuento del pez chico que, inevitablemente, termina tragado por un pez grande. De esta forma, el “pez grande” se asegura ser el único pez. Entre las asociaciones de la sociedad civil cubana pudiera emplearse muchas veces la misma metáfora. Aquí, la “grandeza” de una organización no la garantiza la masividad de sus miembros ni su alcance e impacto social, sino el simple hecho de estar reconocida oficialmente por el gobierno. Aquellas que se encuentran fuera del marco de las leyes del régimen están condenadas a ser engullidas.
En ningún sector se aplica lo anterior como en el de las TIC. Aunque la Ley de Asociaciones exija la existencia de solo una organización relacionada a este ámbito, la iniciativa ciudadana creó en su momento varias asociaciones al margen de lo legal. La más conocida de ellas fue la Street Network de La Habana (SNET).
–Básicamente, SNET comenzó muy localizada, con equipos poco profesionales, a inicios de los 2000. El objetivo inicial era jugar entre varias personas a una distancia corta, digamos, la misma cuadra o el mismo barrio. Grupos como estos fueron apareciendo y eventualmente comenzaron a unirse entre sí. La tecnología fue avanzando, la cantidad de equipos conectados aumentó y se construyó una estructura sumamente organizada que perduró bastante tiempo. Entonces no había internet.– recordó Ariel González, 27 años, ex usuario de SNET.
Durante casi 15 años, SNET pasó de conectar a pocos jugadores a crear una compleja estructura de cables, nanos y rúters distribuida por toda la capital cubana. Además de juegos, la red se hizo de un chat colectivo, una plataforma de noticias, un foro debate sobre fútbol, un sitio de clasificados y un repositorio de contenido audiovisual de entretenimiento. Como su existencia estaba en un limbo legal, pasó desapercibida durante algún tiempo ante las autoridades de la Isla.
Sus usuarios, contados en decenas de miles, evitaban llamar la atención del gobierno, y para ello impusieron tres reglas: no hablar de religión, no hablar de política y no compartir pornografía.
–SNET era una alternativa offline muy útil en un país que vino a saber de datos móviles en diciembre de 2018. Pero aún con internet, sé que hubiera sobrevivido. El problema es que aparecieron nuevas leyes y se impusieron los Joven Club de Computación (JCC). Es una pena. Cuando desapareció, ya comenzaba a expandirse a otras provincias.– dijo González a YucaByte.
El 29 de mayo de 2019, con la publicación de las Resoluciones 98 y 99 del MINCOM, SNET llegaba a su fin. Con estas normas, el Estado reguló a su antojo las bandas de frecuencias, las redes inalámbricas y se facultó para decomisar equipos de conexión. El estado de “alegalidad” de SNET, garantizado en parte por el hecho de que sus objetivos no le resultaban incómodos al gobierno, terminó de un plumazo ministerial. Ni siquiera dos protestas públicas organizadas por los miembros de esta red en agosto de ese año frente a la sede del MINCOM -–una de ellas impedida por la policía- pudieron impedir el cierre de esta iniciativa. Como única salida, los JCC, organización perteneciente al MINCOM, ofreció a los usuarios que desmantelaran su red y se sumaran a otra que sí tendría amparo legal y alcance nacional: Tino Red. Esta, por supuesto, es regulada por el MINCOM a través de los JCC.
Aunque sin un final tan dramático, algo similar ocurrió con la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (ADEC), asociación que trabaja por el desarrollo y la promoción de los videojuegos en el país. Fundada en 2007, desde sus inicios intentó ser reconocida legalmente, pero jamás se le permitió registrarse. En un país offline y sin personalidad jurídica para establecer convenios con espacios estatales, la organización de torneos de videojuegos se le hizo casi imposible a la ADEC.
–Llegó un momento en que empezaron a volverse importantes espacios como la SNET, que tenía una gran cantidad de usuarios, y esto era idóneo para desarrollar el ecosistema de deportes electrónicos. En SNET creamos varias ligas que no habíamos hecho hasta el momento porque no había forma de hacerlas presenciales. Hasta entonces no habíamos tenido apoyo institucional, pero aun así nuestros eventos se volvieron masivos y ganamos en organización. En SNET podíamos hacer muchas cosas, como montar un servicio de páginas estadísticas.– contó a YucaByte
Javier Vidal Hernández, presidente de la ADEC. Con la llegada de los datos móviles a Cuba, la ADEC ganó presencia internacional al poder competir en los servidores oficiales de los videojuegos. Aun siendo una asociación no reconocida e independiente, llevó al país a torneos foráneos, donde han logrado prometedores resultados.
Con el cierre de SNET, los JCC le ofrecieron apoyo, algo que la ADEC aceptó. Sin embargo, sus peticiones de registro legal continuaron siendo rechazadas. Finalmente, a inicios de 2020, la UIC se brindó para ampararle, algo que Vidal Hernández agradece.
–Personalidad jurídica en sí no tenemos.– explicó el presidente de la ADEC- Lo que tenemos es amparo. Una organización que nos ampara bajo su marco y nosotros, a través de ella, podemos tener difusión y convenios de trabajo con otras instituciones.
Actualmente, se está formando en Cuba el germen de lo que pudiera ser una asociación de emprendedores del sector de las TIC, organizadas mediante pequeñas comunidades en Telegram, o eso cree Carlos Lugones, un joven cubano creador de varias startups.
–Muchas de estas comunidades se forman de manera espontánea. Por ahora van siendo solo charlas, pero ya se ve cómo se conforma una especie de asociación natural de emprendedores. Estos, incluso, crearon algo así como una red social, que vendría a ser un directorio de startups. Aunque no se reúnen a trabajar propiamente, de esas comunidades salen alianzas.
Cada vez son más las comunidades de emprendedores tecnológicos en la Isla: El Panal de las Mieles, Amarillo y Medio, AFondoTech, Comunidad Startup Cuba, KATAPVULTA, etc. En ellas se desarrollan, generalmente, charlas en las que algún emprendedor cuenta sus experiencias y luego se enfrenta a sesiones de preguntas y respuestas. Esos espacios, además, permiten la interconexión y el trabajo conjunto para encontrar soluciones tecnológicas a demandas o problemas de la sociedad cubana actual. Sin embargo, estos proyectos en ciernes corren el riesgo de perder su independencia antes de una posible conversión en una organización de la sociedad civil.
Carlos Lugones, emprendedor cubano. Foto: Twitter
–El tema es que al frente de algunas de esas comunidades se han ido metiendo varios agentes del régimen disfrazados de emprendedores que, lejos de querer ayudar, ejercen una labor de control y entretenimiento. Por lo demás, creo que es todo positivo. Es real que está creciendo en Cuba el deseo de emprender en materia tecnológica y que ese universo se va organizando poco a poco. Lo que me parece preocupante es que los propios emprendedores no piensen en que necesitan tener derechos para poder emprender. Por ahora, es imprudente llamarles asociaciones. Mejor comunidades. Además, no va a existir una asociación verdadera hasta tanto no haya libertad de asociación. Si en el futuro surgiera algo, como siempre, será con el poder estatal detrás.- advirtió Lugones.
Entonces, ¿es la UE cómplice del régimen cubano? Sí, y las pruebas sobran. Por más que el bloque regional europeo se escude en tecnicismos burocráticos, sus acciones solo sirven para desconocer a la verdadera sociedad civil cubana y ofrecer pequeños respiros económicos al régimen de La Habana. Ya sea por intereses de algún tipo o por falta de voluntad política, Bruselas ha ido contra su propio concepto de sociedad civil y contra la iniciativa ciudadana en Cuba, a la vez que favorece a un desgastado gobierno totalitario.
