El pasado 6 de septiembre se reunió el subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo para debatir, entre otros asuntos, la situación de los derechos humanos en Cuba. Entre los ejes temáticos del encuentro estuvieron las protestas pacíficas ocurridas el 11 de julio de 2021 y la aprobación del Decreto Ley 35/21.
Sobre las protestas pacíficas, la presidenta del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo, Marie Arena, dijo que las principales causas fueron “la falta de medicinas y los cortes de luz en el país”. Arena obvió el tema de las libertades políticas como causas de las manifestaciones, sin embargo, reconoció que la represión ejercida por el gobierno cubano el 11 de julio dejó el saldo de al menos “un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos”.
Del Decreto Ley 35/21, norma que legaliza los cortes de internet en Cuba, Arena se refirió como una ley que “penaliza cualquier crítica al Estado y las autoridades”.
Como invitados a la reunión estuvo la jurista cubana Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, y el periodista independiente Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14yMedio.
“Nos preocupa la facultad de suspender estos servicios [de telecomunicaciones] y de brindar a las Fuerzas Armadas del país y al Ministerio del Interior las facultades técnicas y los servicios que requieran, además de las obligación del Ministerio de Comunicaciones de entregar a estos la información que requieran para el cumplimiento de sus fines”, dijo Diversent sobre el Decreto Ley 35.
La jurista, además, dijo estar preocupada porque se permitiera la intercepción de las comunicaciones en la isla por parte de las instituciones del gobierno. También afirmó que, en su opinión, las facultades de los operadores y proveedores estatales de telecomunicaciones son “demasiado amplias y discrecionales, situación que favorece la arbitrariedad y el abuso de poder, y propicia la violación de derechos fundamentales, como la privacidad de los ciudadanos”.
Diversent explicó que protestas como las del 11 de julio son el tipo de “incidentes” que pretende evitar el régimen con el Decreto Ley 35/21, pues, ante hechos como ese, el Estado tiene el derecho de suspender internet. De tal forma, la transmisión de manifestaciones populares en vivo o la convocatoria online a protestas pacíficas pueden ser consideradas por el gobierno como “ciberterrorismo, ciberguerra o subversión social”.
Finalmente, la directora de Cubalex acotó ante el Parlamento Europeo que la lista de preceptos usados por el régimen cubano para justificar la violación de derechos digitales y humanos en general, excede a lo previsto en el derecho internacional.
“La soberanía nacional no es motivo legítimo, según el derecho internacional, para restringir los derechos fundamentales de las personas”, concluyó Diversent.
“Hoy puede ser catalogada como delito una opinión discrepante en las redes sociales, la cual puede ser tomada por el gobierno como algo que afecta al prestigio del país”, señaló, por su parte, Escobar al referirse al Decreto Ley 35/21.
¿Qué respondió el Parlamento Europeo?
Los criterios respecto a las violaciones de derechos humanos permitidas por el Decreto Ley 35/2021, y sobre la situación de los derechos humanos en general en Cuba, fueron divididos entre los eurodiputados presentes en la reunión.
Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular español, expresó:
“Mientras los cubanos piden libertad, el gobierno cubano lo que hace es atrincherarse, mantener en prisión a presos políticos, reprimir (…) Incluso con esta nueva ley mordaza [Decreto Ley 35/21], quiere silenciar al pueblo, que no se sepa lo que pasa, porque el internet es el único altavoz que permite saber fuera de Cuba qué sucede”.
Mato agregó que la Unión Europea (UE) debería evaluar si tiene sentido mantener el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el gobierno cubano.
“La UE no puede mirar hacia otro lado respecto a Cuba. Tenemos que condenar con firmeza a la dictadura y la violación reiterada de derechos humanos en Cuba”, finalizó este eurodiputado.
Por su parte, el miembro del Parlamento Europeo y representante español del grupo parlamentario Renew Europa, Javier Nart, señaló que la represión ejercida por el régimen cubano el pasado 11 de julio durante las protestas populares y el Decreto Ley 35/21 demuestran que no ha habido avances en materia de respeto a los derechos humanos en la isla. Dijo también que, a pesar de estar de acuerdo en promover el diálogo con Cuba, la experiencia muestra de qué ha servido esta salida diplomática a la UE: “Para nada”.
El eurodiputado Nacho Sánchez Amor, representante para Europa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aceptó que las causas por las que se condena a manifestantes pacíficos y disidentes en Cuba son maneras de esconder un sistema de represión política.
Sobre el Decreto Ley 35/21, Sánchez Amor argumentó que, si bien se ha dicho que existen leyes similares en el mundo, es necesario comprender que la situación de Cuba no es la de otras democracias, sino “la de un régimen autoritario”. No obstante, el eurodiputado defendió el mantenimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación como “el mejor marco para promover reformas en Cuba”.
Otros parlamentarios europeos salieron en defensa del régimen, como fue el caso del español Manu Pineda, representante de los partidos Izquierda Unida y Unidas Podemos. Pineda catalogó las políticas del gobierno cubano como “modélicas” y afirmó que en Cuba no solo se protegen los derechos humanos de los cubanos, sino de todo el mundo.
El español también negó que en la isla existieran presos políticos y que se persiguiera y tomaran medidas represivas contra quienes disienten de las políticas del gobierno.
En esta misma línea discursiva se expresó el eurodiputado Kontantinos Papadakis, del Partido Comunista de Grecia. Papadakis justificó el Decreto Ley 35/21 y la censura en internet porque, según él, “Estados Unidos, la mafia cubana y muy pocas fuerzas dentro de Cuba”, tienen “planes intervencionistas” en la isla mediante la “propaganda en redes sociales”. Además, exigió al Parlamento Europeo que expresara su “solidaridad con las conquistas de la Revolución”.
Por su parte, el jefe de división del Servicio Europeo de Acción Exterior para México, Centroamérica y el Caribe, Jonathan Hatwell, reconoció que en Cuba se violan derechos humanos. Sin embargo, este alto diplomático europeo confesó estar esperanzado con que un proceso de reformas económicas resuelvan los problemas de la isla. De igual forma dijo apoyar el reciente permiso dado por el gobierno cubano para la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Finalmente, al preguntársele sobre qué pudiera hacer la UE para apoyar al pueblo cubano, el periodista Reinaldo Escobar expresó:
“Todavía no es suficiente lo que se hace, y es necesario, quizás, que la UE dé pasos más definitivos y más decisivos”.
No es la primera vez que el tema de los derechos digitales en Cuba llega, de una u otra forma, al Parlamento Europeo. Este organismo aprobó el pasado 10 de junio una Resolución que, en su apartado D, pide la derogación inmediata del Decreto Ley 370, conocido en la isla como “Ley Azote”. La Resolución, además, condena al Servicio Europeo de Acción Exterior por no haberse pronunciado antes por los cortes de internet a los que son sometidos activistas cubanos invitados a eventos organizados por el propio Parlamento Europeo.
