La Unión Europea (UE) aprobó recientemente su Informe Anual 2020 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, en el cual se recogen situaciones de violaciones de derechos humanos en todos los países durante el pasado año.
Además, la UE estableció un Régimen de Sanciones de Alcance Mundial en materia de Derechos Humanos. Éste, junto al también aprobado Plan de Acción sobre Derechos Humanos (2020-2024), sitúa la cuestión de los Derechos Humanos como un asunto de primer orden dentro de la política exterior del bloque regional, el cual pretende así mantener su “liderazgo” mundial en materia de defensa de la democracia. El Régimen… consiste en un paquete de medidas sobre aquellas personas, instituciones y gobiernos de cualquier país que sea acusado de violar derechos humanos. Entre las medidas se encuentran la prohibición de viajes, la congelación de fondos y la prohibición a las entidades de la UE de disponer de fondos, directa o indirectamente, para los sancionados. Las propuestas de sancionados podrán hacerse por Estados miembros o por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y será el Consejo de este organismo regional quien las apruebe.
Sobre Cuba, el informe señala que la libertad de prensa y expresión continúa siendo uno de los grandes problemas de la Isla en materia de derechos humanos.
“Varias fuentes informaron sobre amenazas de enjuiciamiento por cargos de “desacato” y “propagación de epidemias” que se utilizaron para restringir la información ciudadana en las redes sociales, mientras que varios periodistas y blogueros fueron multados en virtud del Decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad cubana.”
El documento, además, reconoce que la “mejora del acceso a internet desde 2018 ha sido un avance positivo», sin embargo, apunta que varios sitios web, principalmente medios digitales, continúan bloqueados por el Gobierno cubano.
De manera general, el informe obvia muchas violaciones de derechos humanos y hasta digitales en la Isla, y muchas de sus críticas son, seguidamente, justificadas con el embargo estadounidense y el impacto de la pandemia de la Covid-19. Aun así, la UE se planteó trabajar con Cuba en los siguientes aspectos:
-Apoyo a los defensores de los derechos humanos
-Monitoreo y seguimiento de casos de violación de la libertad de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión, incluida la expresión artística
-Apoyo a la promoción de los derechos económicos, y en particular al sector privado emergente
-Apoyo a la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género
-Apoyo a la abolición de la pena de muerte.
Curiosamente, el Informe… resume un supuesto conjunto de acciones tomada por la UE en 2020 -incluido el apoyo a “los defensores de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente”, así como al “periodismo independiente”- que fueron cuestionados el pasado 8 de junio, cuando se debatió la Resolución sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. En dicha Resolución, aprobada el 10 de junio, se reconocía justamente la falta de apoyo de la misión diplomática de la UE a la sociedad civil independiente, a la cual se excluyó de todo tipo de diálogo bilateral entre el bloque regional y la Isla.
El texto también da cuenta de los fondos de cooperación dados a Cuba durante el pasado año. Por ejemplo, se dice que en materia de fondos de cooperación en el sector de la cultura la UE tiene para la Isla una cartera de 23 millones de euros y 10 proyectos. Para otros programas en materia de derechos enfocados en personas de la tercera edad y discapacitados donó 3 millones de euros, y para “apoyar los esfuerzos de Cuba para enfrentar la pandemia”, otros 10 millones de euros. Justamente, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, fue acusado el pasado 8 de junio de financiar al régimen cubano mediante la entrega de millonarios fondos a falsas ONG que realmente perteneces al gobierno.
Las conclusiones del apartado del Informe… dedicado a Cuba son algo contradictorias. La UE comienza aplaudiendo la pertenencia de la Isla al Consejo de Derechos Humanos (hasta 2023). También elogia que el gobierno cubano apoye “la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, así como los derechos de género y económicos, sociales y culturales y los derechos del niño”. Sin embargo, reconoce en el país no está abolida –aunque sí “congelada”- la pena capital, y que la Isla no ha ratificado los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos ni los de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, señala que Cuba no apoya las recomendaciones que le hacen los Estados miembros de la UE, “especialmente cuando se encuentran en el área de los derechos civiles y políticos”. Según estas conclusiones, los problemas del régimen en materia de derechos humanos parecen ser meramente burocráticos.
