El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) reconoció al sector de las Telecomunicaciones como una de las 16 áreas claves para impulsar el desarrollo económico de la Isla, en medio de una crisis que comenzó a hacer estragos desde antes de la pandemia, entre septiembre y diciembre de 2019, cuando cayeron las importaciones de petróleo, carne, arroz y demás alimentos.
Para este nuevo plan el MEP contempla, junto con la llamada “empresa estatal socialista”, el papel de la inversión extranjera, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, así como el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero su principio fundamental mantiene la planificación centralizada: el Estado continúa con el control absoluto de todas las actividades económicas, interviniendo además en aquellas que se establecerán entre actores privados y empresas extranjeras.
El sector de las Telecomunicaciones sigue en manos del Estado, que excluye cualquier oportunidad para la inversión extranjera. Las recientes medidas solo contemplan la “utilización de alianzas internacionales” en la producción nacional de celulares, pizarras electrónicas y demás equipos para la informatización y automatización industrial, algo en lo que Cuba ya ha trabajado con ayuda de la empresa china Haier.
YucaByte detalla a continuación algunas de las medidas correspondientes al sector, relacionadas con la Estrategia Económico y Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.
Infraestructura y empoderamiento tecnológico
Son los pilares de los que dependen la implementación y el éxito no solo de esta estrategia, sino también del Programa de Informatización de la Sociedad. Sin embargo, en este sentido solo se contemplan acciones muy vagas, que no contribuyen directamente al despliegue de infraestructuras en el país.
La intención es ampliar la producción nacional de dispositivos de recepción de la televisión digital, para liberar la banda de 700MHz, que se utilizará en la telefonía celular de cuarta generación (4G).
Cuba comenzó el proceso de apagón analógico parcial en julio de 2018, para lo cual se valoró una política de precios asequibles de teléfonos móviles y otros terminales. No obstante, ahora el MEP planea la venta de las cajas decodificadoras y demás dispositivos (celulares, computadoras, tabletas) en moneda libremente convertible (MLC).
Etecsa se adelantó a la medida desde agosto pasado, cuando puso en venta los teléfonos celulares Alcatel 1 5024A por 165 USD y Alcatel 5033M por 65 USD. Los precios representan respectivamente cinco y dos veces más el valor (según la tasa cambiaria oficial) del salario promedio en la Isla, que ronda los 32 CUC.
Para obtener estas divisas la población depende del envío de remesas desde el exterior o de su compra en el mercado informal. En este último la tasa cambiaria ha subido considerablemente. En febrero de este año, antes de la pandemia, el valor del dólar estadounidense era de 1,12 CUC por 1 USD. Seis meses después, ascendió a 1,40 y hasta 1,50 CUC.
La polarización de la sociedad cubana está doblemente signada por los altos precios y por el acceso a las MLC (dólares canadienses, libras esterlinas, coronas danesa y noruega, euros, pesos mexicanos, yen japonés, entre otras). La reciente dolarización de la economía agudiza las brechas en el consumo no solo de bienes electrónicos, sino de otros de primera necesidad, como alimentos y aseo.
La venta en MLC para la obtención de divisas a través de la población y no de agentes externos (como los inversores) contradice la Estrategia de Desarrollo de la Infraestructura de Banda Ancha en Cuba (2019) y el propio Programa de Informatización de la Sociedad (2017). Ambos documentos explicitan una política de precios asequibles para la comercialización de dispositivos informáticos y terminales que soporten servicios de banda ancha. Tan solo el año pasado, en Cuba se contabilizaron 109 computadoras personales por cada 1000 habitantes.
El documento no incluye ningún acuerdo internacional para conectar cables submarinos a la red dorsal de fibra óptica del país (2294 kilómetros), que ampliarían las capacidades y velocidades de conexión. Uno de estos posibles acuerdos incluye ela propuesta para conectar el cable estadounidense de fibra óptica ARCOS-1 a la Isla.
Comercio electrónico
El comercio electrónico es uno de los retos que el Gobierno cubano ha tenido que manejar durante la pandemia. Cuando se impulsó para facilitar el aislamiento social, en marzo de este año, las plataformas de pago Transfermóvil y EnZona no estaban completamente optimizadas, como tampoco las tiendas virtuales disponibles desde diciembre de 2019.
Por ello, se pretende ampliar las capacidades de infraestructura, seguridad y desarrollo de ambas pasarelas, como primer garante para el comercio electrónico. Además, se validarían firmas digitales y certificados de seguridad (para encriptar la información que maneja el sitio web), así como contratos, facturas y comprobantes de pago electrónicos. Martín Proenza, desarrollador y fundador de los proyectos Yo te llevo Cuba y Pickocar, explica que “si la plataforma no tiene esos certificados, los usuarios están expuestos a que le roben sus credenciales y les vacíen sus cuentas bancarias”.
Proenza refiere que si la plataforma está hospedada en un servidor internacional (como es el caso de la mayoría de los emprendimientos cubanos), los desarrolladores pueden obtener un certificado global emitido por empresas extranjeras. Algunas, incluso, lo expiden de forma gratuita. El desarrollador web asegura que estos últimos son los que utiliza para proteger sus plataformas.
Pero, por ley, los desarrolladores cubanos que deseen abrir o legalizar una tienda virtual (para la venta de productos y servicios) deben emplear certificados de seguridad emitidos únicamente por entidades nacionales (Resolución 35/2020 del Ministerio de Comunicaciones, art. 13).
Según Proenza, los certificados nacionales deberían estar validados para plataformas alojadas en servidores extranjeros. De lo contrario, entorpecerían el desarrollo del comercio electrónico en el sector independiente, al que le resultan más factibles los servidores globales para ampliar el alcance de su mercado.
Pero quizá la medida más popular y novedosa sea la implementación del monedero de Etecsa para tramitar pagos mediante el saldo del móvil, una práctica ya común entre los usuarios en la Isla. YucaByte dedicó un reportaje al tema.
Industria del software
El desarrollo de esta industria forma parte también de los objetivos del Programa de Informatización. Significa una fuente potencial para las exportaciones, donde se incluirían los trabajadores por cuenta propia (TCP).
Para ello, el Gobierno prevé actualizar la actividad de Programador de Equipos de Cómputo, la licencia para el ejercicio legal de los desarrolladores web independientes. Ese permiso se encuentra congelado, sin la admisión de nuevas solicitudes, desde agosto de 2017.
El Gobierno necesita poner nuevamente en marcha esta licencia como política para incentivar una mayor producción nacional de aplicaciones y servicios informáticos que, a su vez, incidirían en el incremento de exportación de software. Los cuentapropistas podrán realizar estas operaciones a través de las empresas Desoft, Softel y Solintel.
“Poner una empresa estatal que regule la exportación de software en Cuba pudiera ser lo que mataría esa industria por completo ―dice Martín Proenza―. Sería un recurso para mantener el control. Eso no mejoraría la rapidez, calidad ni seguridad de los software que se exportan. El Estado debe ocuparse de cobrar los impuestos, y dejar que las empresas particulares se integren a un mercado global sin ningún tipo de restricción”.
Entre 2014 y 2019 las exportaciones de servicios informáticos reportaron un monto de 30 millones de dólares estadounidenses (USD), una cifra baja en comparación con los ingresos de otros países de la región. México, Argentina, Venezuela, España y Angola se encuentran entre los principales clientes de la Isla.
Al interior del país, el comercio de software ya arrancó con la venta de las licencias del antivirus cubano Segurmática, a través su tienda virtual Segurshop. Los precios van desde los 25 CUP (alrededor de un dólar) para Segurmática Seguridad Móvil (SSM), hasta los 50 CUP para Segurmática Antivirus (SEGAV).
Sin embargo, estos productos no tienen gran impacto en la Isla, donde existe una tendencia a usar programas informáticos extranjeros pirateados. Entre enero y julio de 2019, el SEGAV alcanzó 9748 usuarios naturales (no personas jurídicas o empresas), mientras que el SSM tuvo tan solo 1637.
En su estrategia el MEP tiene igualmente prevista la comercialización de software de la plataforma APKLIS. Desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en junio de 2018, APKLIS contiene más de 4380 aplicaciones para dispositivos móviles, de las cuales 375 son cubanas. La plataforma se ha hecho popular en la Isla, entre otras razones porque su consumo de datos se descuenta de la bonificación para la navegación nacional.
Correos de Cuba
La propia empresa reportó en agosto pasado que se habían disparado los servicios de paquetería, como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus y la “suspensión de los envíos de correspondencias y encomiendas del Servicio Postal Universal”. De ahí que el MEP contemple aprovechar la infraestructura de Correos de Cuba para la entrega de estas paqueterías.
Asimismo, durante la pandemia aumentaron las solicitudes de mensajeros particulares para las entregas a domicilios de diversos emprendimientos (gastronómicos, tiendas de productos artesanales, etc.). Los particulares no tienen camionetas como Correos de Cuba. La mayoría circula con motos eléctricas y de combustión, lo que limita el alcance de las entregas y el tamaño de los paquetes.
“El sector privado tiene ese servicio muy bien ajustado, y con tiempos de entrega menor a los 40 minutos para cualquier tipo de servicio, sea gastronómico, de bienes, documentos, etc.”, afirma Erich García, youtuber y fundador del emprendimiento Bachecubano, un sitio de compraventa.
Pero la red de Correos de Cuba abarca 815 oficinas ubicadas en zonas urbanas y rurales de los 168 municipios del país. Sobre ella puede estructurarse también el comercio electrónico del sector cuentapropista. “La verdadera ventaja, por una cuestión meramente logística y de presupuesto, es el traslado de paquetes de forma interprovincial”, dice García. Y agrega que este alcance permitiría automatizar aún más sus ventas y expandir su nicho de mercado.
Correos de Cuba también prevé inaugurar una tienda virtual, donde pondría a la venta estos servicios y demás productos postales, como sellos y publicaciones.
Asimismo, pretende ampliar la lista de países desde los cuales se pueden emitir giros internacionales destinados a la Isla. Actualmente Correos de Cuba tiene convenio únicamente con España, Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia y Perú para el envío de dinero.
(gráfico de envíos correos de cuba)
Normas jurídicas
Para finalizar, la estrategia explicita que se continuará con la aprobación del marco jurídico correspondiente, de acuerdo con el cronograma legislativo actual. El mismo incluye dos decretos-leyes sobre Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y uso del espacio radioeléctrico; y otro sobre los servicios postales.
Hasta la fecha, y como parte del Programa de Informatización, el Gobierno ha aprobado un conjunto de normas jurídicas en el sector que, además de incluir temas de carácter económico y social relacionados con las TICs, limitan y censuran su propio uso.
Entre ellas se incluyen: el Decreto-Ley 370 sobre la Informatización de la Sociedad, que penaliza a los ciudadanos cubanos por difundir información contraria al interés social en sus cuentas personales de redes sociales; el Decreto-Ley 389 que legaliza la vigilancia electrónica; así como las resoluciones 98 y 99 sobre los reglamentos para las Redes Inalámbricas y Redes Privadas de Datos, los cuales eliminaron la autonomía de proyectos como Snet.
Aquí puedes consultar el documento oficial de la Estrategia Económica y Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.
