Desde 2009 la organización no gubernamental Freedom House publica un informe anual sobre libertad en la Internet global. El documento titulado Freedom on the Net abarcó en su última edición a 65 países, entre los cuales se incluye Cuba, que es parte del estudio desde 2016.
Este 31 de mayo finalizó el período de observación escogido por Freedom House para elaborar su informe anual, el cual se publicará en noviembre 2020, según informó Michael Abramowitz, presidente de dicha organización.
YucaByte ofrece a sus lectores una serie en dos partes sobre las condiciones y sucesos que ubican a Cuba, según este informe, entre los países con menos libertad en Internet. En esta primera nota resumimos los elementos por los cuales la Isla clasificó como el cuarto país peor evaluado en la edición de 2019. En el segundo texto, analizamos algunos acontecimientos ocurridos en el actual período de observación, que podrían incidir en la evaluación de Cuba en el próximo informe.
Freedom on the Net se elabora a partir de la información proporcionada por una red de colaboradores (académicos, comunicadores, activistas) en los países estudiados. Analiza la libertad en Internet a partir de tres indicadores: obstáculos al acceso, limitaciones a los contenidos y violaciones de los derechos de los usuarios. Mientras más alto sea el puntaje alcanzado, más libertad en Internet existe en el país.
El reporte identifica amenazas a las libertades en línea y oportunidades para cambios positivos, bajo la premisa de que en la red deben respetarse los mismos derechos que en el mundo offline.
Cuba 2019. Clasificación: No libre
Entre los 65 países evaluados en el informe de 2019, Cuba ocupa el lugar 62, solo por delante de Siria, Irán y China. De un total de 100 puntos, la Isla obtuvo 22, lo cual la ubica dentro de la categoría de “No libre”, igual que en los tres años anteriores en los que recibió consecutivamente una evaluación de 21 puntos. El ranking de 2019 estuvo dominado por Islandia, Estonia y Canadá.
El informe tuvo en cuenta los hechos ocurridos entre el 1ro de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, así como las condiciones existentes hasta esa fecha. Según declaró a YucaByte Amy Slipowitz, jefa de Investigaciones en Freedom House, en el caso de Cuba los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel clave para ayudar a comprender y documentar la situación del país.
Según los promotores del reporte, un acceso adecuado a la red de redes es básico para garantizar la libertad en Internet. De ahí que las limitaciones infraestructurales, los altos precios, el control legal y de propiedad sobre los proveedores de servicios y la falta de independencia de los organismos reguladores sean obstáculos que atentan contra la libertad de los usuarios para acceder a la red.
En este indicador la evaluación de Cuba está afectada por la lentitud de las conexiones que entorpece el acceso a determinados sitios; los altos precios del servicio y la inexistencia de tarifas planas que permitan una conexión a tiempo completo; las restricciones o necesidad de permisos especiales para la entrada al país de equipos como módems y antenas parabólicas, y la no existencia de un organismo regulador independiente para administrar el sector de las TIC.
También señalaron como aspectos negativos el control gubernamental absoluto sobre el monopolio de las telecomunicaciones del país, utilizado para obstruir selectivamente las comunicaciones. Así ocurrió durante la consulta popular del Proyecto de Constitución, cuando Etecsa bloqueó el envío de SMS que contuvieran las frases “Yo Voto No”, “Yo No Voto” o la palabra “abstención”.
Otro elemento que atenta contra la libertad en Internet son las limitaciones a los contenidos. Aquí nuevamente los precios aparecieron como restricciones para el acceso a ciertos productos que consumen grandes cantidades de datos. También se incluyeron en este indicador el bloqueo de medios independientes cubanos e internacionales y de sitios de organizaciones disidentes; el congelamiento de la licencia de programador de equipos de cómputo, así como el monitoreo y las sanciones contra quienes el régimen califica como disidentes.
El informe también recoge los episodios de censura ocurridos en 2016 y 2017, respectivamente, contra los blogs Proyecto Arcoiris y TuAndroid, alojados en la plataforma Reflejos. Dicha web exige además carné de identidad para registrarse y prohíbe la publicación de contenido “contrarrevolucionario”.
A pesar de la existencia de medios de prensa independientes, el panorama de la información en línea continuó dominado por la producción estatal, carente de diversidad ideológica, lo cual restringe las opciones informativas de los usuarios. El informe también señaló que una parte considerable de las personas que se conecta a Internet evade los temas controvertidos y el activismo político para evitar represalias, aun cuando en los últimos tiempos varios grupos de la sociedad civil emplearon las redes para movilizarse.
El 11 de mayo de 2019 activistas de la comunidad LGBT+ marcharon para exigir, entre otras cosas, la aprobación del matrimonio igualitario . Foto: YucaByte.
Igualmente atentan contra la libertad en Internet la existencia de disposiciones gubernamentales con redacciones ambiguas que permiten la censura de una amplia gama de publicaciones sin supervisión judicial. Un ejemplo es la Resolución 179 de 2008 del Ministerio de Informática y Comunicaciones que autoriza a Etecsa a “adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres”.
El informe denunció las prácticas de autocensura de periodistas y emprendimientos independientes como El Paquete y las redes inalámbricas comunitarias, que excluyen contenidos políticos, religiosos o pornográficos para evitar que el Gobierno deje de tolerarlos. También incluyó el uso de cuentas y bots orientados o manejados desde el Gobierno, que se emplean para atacar contenidos alternativos y manipular los estados de opinión.
Aunque de manera general Cuba fue mal calificada en los tres indicadores, es en el apartado de “Violaciones de los derechos de los usuarios” en el que peores resultados alcanzó: solo el 17,5% de los puntos posibles.
El informe criticó que la estructura legal cubana no sea favorable a la libertad en Internet y que el país carezca de un sistema judicial con autonomía “que pueda contrarrestar los esfuerzos del gobierno para suprimir la actividad independiente en línea”. Existen artículos del Código Penal y regulaciones como la Ley 88 de 1999 que en varios apartados atentan contra la libertad de expresión tanto en entornos offline como en Internet.
Uno de los casos más evidentes de sanciones por el ejercicio del periodismo online fue la condena a un año de cárcel a Roberto de Jesús Quiñones, así como las acusaciones por “usurpación de la capacidad legal” a reporteros de La Hora de Cuba. Otras formas de presiones extrajudiciales incluyeron las detenciones y secuestros por cortos períodos de tiempo, interrogatorios, acosos, amenazas, confiscación de equipos y prohibiciones de viaje a periodistas y activistas que emplean Internet para realizar y circular su trabajo.
Roberto Quiñones. Ilustración: Rafael Alejandro.
Aun cuando en la práctica es difícil controlar el uso de VPN y no se encuentran bloqueadas en Cuba aplicaciones como WhatsApp o Signal, el Gobierno exige a los proveedores de internet “garantizar que no se utilice software con sistemas criptográficos o transferencia de ficheros cifrados”, lo cual atenta contra la protección de las comunicaciones de los usuarios.
Asimismo, el informe denunció que “la vigilancia de la actividad de Internet en Cuba es generalizada y con frecuencia resulta en casos penales u otras represalias para los usuarios que se considera que han violado la ley”. Incluso, dicha vigilancia queda explícita en la Resolución 197 de 2013 del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), cuando estipula que Etecsa puede denegar el uso del servicio de acceso a Internet de forma inmediata cuando detecte que el usuario, durante el transcurso de la sesión, “ha incurrido en alguna violación de las normas del comportamiento ético que promueve el Estado cubano”.
Por otra parte, los proveedores de servicios de internet están obligados a “establecer los procedimientos que aseguren la identificación del origen de los accesos, así como su registro y conservación por un tiempo no menor de un año”. Además, el informe denunció que el Gobierno dirige la mayoría de las conexiones a través de servidores proxys y puede obtener nombres de usuarios y contraseñas mediante un software especial denominado Ávila Link instalado en la mayoría de los puntos de acceso.
El documento también señaló como peligros potenciales el desarrollo de aplicaciones nacionales poco seguras que buscan sustituir el acceso a sus similares foráneas no controladas por el Gobierno de la Isla. El uso de apps de mensajería como ToDus y otras ubicadas en la tienda Apklis le aseguran a las autoridades acceso a datos personales de los usuarios “y presumiblemente a las comunicaciones que tienen lugar a través de esas plataformas”, reza el informe.
En resumen, Cuba reproduce en Internet muchas de las prácticas violatorias de derechos fundamentales que ejecuta en el mundo offline.
La mala puntuación recibida por el país se debe a tres factores fundamentales.
Por un lado, los problemas de infraestructura y altos costos del servicio, consecuencia de años de inacción, escasa inversión y ausencia de competencia en el sector de las TIC. En este aspecto, el Gobierno cubano señala el impacto negativo del embargo estadounidense, aun cuando las telecomunicaciones sean uno de los rubros que cuenta con permisos especiales, por parte del Gobierno de EE. UU., para las empresas de ese país que deseen invertir en la Isla. Una posibilidad que Cuba no ha explotado.
19)
¿Qué pasó con las propuestas que hizo @DSepDC en 2015?
— Norges Rodríguez (@norges14) June 23, 2019
Por otra parte, los promotores de Freedom on the Net asumen como premisa que la libertad necesita de un entorno donde se promueva la pluralidad y la independencia de poderes, garantías que no son respetadas por el Gobierno cubano y que entran en contradicción con el modelo totalitario imperante en el país.
Esta última cuestión es el origen de las principales limitaciones que tiene el país, tanto en el tema específico de Internet, como en el de las libertades generales. Mientras exista un sistema político que criminalice y reprima el disenso, sin que exista ningún contrapeso efectivo a su acción, Cuba seguirá entre los países con una situación deficiente en materia de libertades y derechos, por mucho que bajen los precios de acceso a Internet o mejore la infraestructura tecnológica.
