Ilustración: Alejandro Cañer
Para regímenes autoritarios como el de Cuba, las redes sociales representan una amenaza. De ahí el miedo desmedido de la cúpula gobernante hacia cualquier convocatoria que surja en estos espacios virtuales. A tal extremo ha llegado ese temor, que la persecución y penalización de publicaciones se ha convertido en una estrategia de represión sistemática en la Isla.
En este contexto, los detenidos y enjuiciados son tratados como delincuentes. Lo que supone un derecho, la libertad de expresión, significa para el régimen un grave delito. A tal punto, que las ocho personas acusadas en estos momentos por publicar y compartir contenidos en redes permanecen bajo prisión provisional, en espera de juicio.
Este mes, YucaByte contabilizó casi tantas víctimas de encarcelación, detenciones e interrogatorios como de cortes de internet. Este informe representa un subregistro, pues los datos se corresponden con denuncias públicas o realizadas directamente al medio. Aun así, el aumento de reportes de un tipo de violación sobre otro, refleja el recrudecimiento de la represión en entornos digitales.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales
La publicación de un meme con la imagen de Raúl Castro, Manuel Marrero y Miguel Díaz-Canel le costó a Aroni Yanko García un año y medio de cárcel. Luego de un juicio que demoró apenas 40 minutos, el pasado 19 de agosto el Tribunal Municipal de Santa Clara consideró que la imagen era una “falta de respeto muy grande” hacia las figuras de Castro, el presidente y el primer ministro.
“Demoraron alrededor de dos horas y media en deliberar para una decisión que ya tenían tomada antes de hacer el juicio”, relató su esposa Yunisley Suárez a Martí Noticias. La vista oral transcurrió bajo el asedio de policías y oficiales de la Seguridad del Estado, como ya es habitual durante las audiencias de causas políticas.
El perfil de Facebook de García ―donde publicó el meme― es privado y tiene un alcance mínimo, según refirió Suárez. Además, el joven solía publicar solo fotos familiares, no contenido político. El caso de García, junto con el de otros acusados por la publicación de un solo post, demuestra que el régimen busca cortar de raíz cualquier forma de expresión en su contra.
Al menos 317 presos políticos y manifestantes del 11J fueron juzgados por el delito de desacato, desde 2021 hasta la fecha, según contabilizó la organización Justicia 11J.
Mientras, el juicio de la youtuber Sulmira Martínez fue cancelado a última hora el 12 de agosto, sin explicación alguna. Han pasado un año y siete meses desde que la joven fue detenida, en enero de 2023, por llamar, en su perfil de Facebook, a una manifestación.
Pese a todo este tiempo, la joven debe seguir esperando para saber cuántos años pasará en prisión, de los 10 que le pide el fiscal por los cargos de desacato y delitos contra el orden constitucional.
Norma Pérez, madre de Martínez, comentó a Diario de Cuba que la suspensión del juicio alteró aún más a su hija, por la incertidumbre que supone la espera. “Es una forma de poner a uno mal psicológicamente”, aseguró.
Martínez, de 22 años, fue sometida a constantes interrogatorios y tortura psicológica durante los dos meses que estuvo detenida en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, en La Habana. La tortura psicológica de entonces, más las vejaciones en prisión, han deteriorado su salud mental, a tal punto que se encuentra en estos momentos bajo tratamiento psiquiátrico.
Victor Manuel Hidalgo debe esperar su juicio, aún sin fecha, en el centro penitenciario El Típico, donde está recluido desde hace cuatro meses. El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas anuló por tercera vez la medida cautelar de prisión provisional a su favor.
“No se puede hacer más nada. Aunque yo sabía que la respuesta venía negativa, no perdía la esperanza de que los jueces lo soltaran bajo fianza o con una multa”, dijo su esposa a YucaByte. “Pero bueno, la justicia aquí no existe”, acotó.
El presidente del Tribunal alegó además que cuenta con los elementos suficientes para demostrar la participación de Hidalgo en los hechos. El abogado de la ONG Prisoners Defenders, Fernando Almeyda, explicó que en este caso “la presunción de inocencia no existe porque esto no es un proceso penal, es un juicio político cuasi inquisitorial”.
Hidalgo publicó un post en Facebook quejándose por los constantes apagones, razón suficiente para que la Fiscalía lo acusara de “propaganda contra el orden constitucional”. El Código Penal cubano contempla sanciones de entre tres y ocho años para quien incurra en este delito.
Asimismo, otros tres acusados esperan juicio bajo el mismo cargo. Uno de ellos, Alexander Fábregas, exprisionero político y manifestante del 11J, enfrenta una segunda causa penal en menos de tres años por sus publicaciones en redes sociales.
El pasado 27 de julio, el joven fue detenido y trasladado a la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara, donde estuvo 11 días incomunicado. Además, le decomisaron su teléfono celular, según notificó su esposa, Marian Prieto.
Fábregas cumplió una sanción de nueve meses por “subir” videos de las históricas protestas en su perfil de Facebook. Desde su excarcelación, ha sido blanco de acoso y amenazas de cárcel por parte de la Policía política.
El 2 de agosto, los opositores José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García fueron trasladados al Combinado del Este, prisión de máxima seguridad, según reportó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Los dos estuvieron detenidos en Villa Marista, desde abril y junio pasado, respectivamente. A ambos los acusan de “propaganda contra el orden constitucional”, a causa de un video donde aparecen lanzando proclamas.
Suarmi Hernández Vilar, esposa de Pompa, aseguró que hasta el momento no se conocen más detalles de la investigación. La desinformación y falta de transparencia sobre los casos de presos políticos resulta no solo una violación a sus garantías del debido proceso, sino también una forma de someterlos a castigo.
Este mes, Maylín Rodríguez Prado cumple dos años desde que fue detenida. Sobre ella recayó la sentencia más alta del grupo de 13 personas enjuiciadas tras las protestas de Nuevitas, en Camagüey. La razón: Rodríguez visibilizó en Facebook los niveles a los que llega la represión en Cuba, en un video que muestra cómo varios policías golpearon a tres menores de edad.
El periodista José Luis Tan Estrada dijo a este medio que la joven, de 24 años y madre de una niña de tres, se encuentra estable en estos momentos. Hace unos meses, Rodríguez intentó suicidarse, a causa de la depresión que sufre por las condiciones carcelarias y el hecho de estar alejada de su hija.
Otras dos personas continúan en prisión por publicaciones en redes tras las protestas de marzo: Rey Asiel Naranjo Palau y Yerismar Velázquez. Es preocupante además la situación de Ernesto Salazar: desde su arresto tras las protestas en El Cobre, Santiago de Cuba, no ha trascendido ninguna información sobre su caso.
Al menos otros cuatro cubanos fueron detenidos e interrogados en agosto. El día 18, Jorge Fernández Era manifestó en Facebook su intención de unirse a la protesta pacífica que convoca la profesora Alina Bárbara López Hernández cada mes. Sin embargo, los oficiales de la Seguridad del Estado se lo impidieron. Lo mantuvieron durante 11 horas en la estación de la Policía de Santiago de las Vegas, en la capital, sin acusación ni acta de constancia del arresto.
“Que alguien me explique en qué ley de proceso penal está escrito que a un detenido no se le redacte documento que haga constar su estancia durante más de 10 horas en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. A los efectos legales, no pasé por allí, no se me detuvo ni se me dio libertad. Pudieran alegar que es invento mío el arresto del 18 de agosto de 2024. Estuve secuestrado, esa es la palabra”, relató el escritor y humorista.
Por su parte, López Hernández pudo manifestarse sola y sin contratiempos ese mismo día 18. Sin embargo, fue detenida horas más tarde cuando se dirigía a la sede del Partido Comunista de Matanzas para exigir la liberación de Fernández Era.
A principios de mes, el 3 de agosto, fue citado a interrogatorio Kenny Fernández Delgado, sacerdote de la Arquidiócesis de La Habana. El motivo fue un llamado que lanzó a los cubanos en redes, para que se unieran a las oraciones por la situación de Cuba y Venezuela. Fernández Delgado acompañó la publicación con un video de María Corina Machado, líder de la oposición en el país sudamericano, por lo que el régimen consideró que se trataba de “una convocatoria imparcial”.
La citación llegó, en cambio, de parte de Inmigración y Extranjería. Esta entidad, al igual que la Seguridad del Estado, es controlada por el Ministerio del Interior (MININT). La justificación de por qué fue citado por esta entidad y no por los represores habituales no pudo ser más absurda: según le explicaron, como hace varios años arrendó una vivienda a cubanos, las autoridades creen que existe la posibilidad de que también le alquile a ciudadanos extranjeros. Solo por eso, esta oficina está autorizada a citarlo hasta dos veces al año, y con un plazo de aviso inferior a las 24 horas. En su testimonio, el cura evidenció que Inmigración y Extranjería tiene, entre otras, las mismas funciones de acoso y coacción de la Seguridad del Estado, pero enfocada en los arrendatarios.
Uno de los oficiales que atendió a Fernández Delgado le dejó saber que los cuentapropistas deben acatar las leyes del Estado como si fueran trabajadores del Gobierno. “Eso significa que no pueden realizar actos que pudieran considerarse contrarios a la Revolución, tales como publicar en redes sociales mensajes críticos al proceso revolucionario o a sus aliados. Esto es una gran revelación porque significa que en Cuba, sin importar que trabajes en formas de gestión no estatal, eres un trabajador del Estado, es decir, del Gobierno”, refirió.
Le informaron que, de acuerdo con la nueva Ley de Comunicación, se necesita autorización para convocar a oraciones en lugares públicos. De lo contrario, la convocatoria se considerará ilegal. “La censura digital y real está enfocada sobre todo en cuestiones que implican algún tipo de actividad pública, fuera de los templos y casas, tales como orar en un parque, caminar regalando flores blancas un 15 de noviembre, y actividades similares”, declaró el párroco a este medio.
La Ley de Comunicación, aprobada en junio de este 2024, resulta un instrumento frecuente de amenaza a activistas y periodistas. A José Antonio López Piña, miembro de la Alianza Democrática Oriental, lo intimidaron con esta normativa durante un interrogatorio en la estación policial del poblado santiaguero El Cristo, donde reside.
El activista fue citado para presentarse a “entrevista” (eufemismo que utiliza la Policía política para referirse a los interrogatorios) el 8 de agosto. Los oficiales allí le dijeron que están recopilando todas las evidencias para hacerle otra acusación formal. “Porque yo estoy usurpando funciones y me voy a enfrentar a largas condenas de prisión por la nueva Ley de Comunicación Social que hay en el país”, dijo a Martí Noticias. Lo responsabilizaron, incluso, por denuncias ajenas publicadas en un grupo de Facebook de su comunidad.
López Piña ha sido amenazado de cárcel en ocasiones anteriores por impago de multas impuestas de forma arbitraria por su labor como activista y periodista. Además, espera juicio desde 2021 por el cargo de “instigación a delinquir”.
Cortes de internet
Este mes varios periodistas y activistas, blancos habituales de censura, reportaron interrupción en el servicio de internet. Esta vez, con motivo del 30 aniversario del Maleconazo, una de las primeras protestas masivas contra el Gobierno.
Desde el 4 de agosto, en vísperas de la efeméride, estuvieron sin conexión por datos móviles varios miembros del Comité de Integración Racial (CIR): Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro Veloz, María Elena Mir Marrero, María Mercedes Benítez Rodríguez, Fernando Palacio, Eroisis González y Manuel Cuesta Morúa. Este último denunció, además, vigilancia policial en su propia casa.
Tamayo confirmó a Yucabyte que los cortes se prolongaron por más de 72 horas.
Asimismo, el régimen silenció a los periodistas Yunia Figueredo (ADN Cuba), Boris González Arenas (Diario de Cuba), Yoani Sánchez y Reynaldo Escobar (14ymedio); y Orlidia Barceló y Pedro Luis Hernández (del medio comunitario El Espirituano).
Otras dos personas, líderes religiosos, también sufrieron cortes de internet. El párroco Castor José Álvarez Devesa reportó, el 7 de agosto, que no podía conectarse a la red de redes desde el pasado 11 de julio. Mientras, el fundador de la comunidad Israelita Bet-El Shalom, Carlos Alberto Montoya Palomino, denunció esta violación a sus derechos digitales el día 5.
Montoya Palomino ha sido acosado durante los últimos 10 años por su actividad religiosa. En 2013, represores del Partido Comunista ordenaron el cierre de una misión perteneciente a su iglesia y, un año más tarde, lo amenazaron con ser desalojado de su sede. Desde entonces, no ha cesado el hostigamiento en su contra, tanto por exigir una ley de culto como por pronunciarse en contra de la pena de muerte.
Ciberacoso
El 31 de agosto, el periodista José Luis Tan Estrada denunció un mensaje de ciberacoso que recibió en respuesta a una de sus habituales publicaciones. El también exprofesor de Periodismo, expulsado de la Universidad de Camagüey en 2022, denuncia habitualmente en Facebook la situación de precariedad que se vive en su provincia. Ello le ha valido no pocos mensajes amenazadores. Incluso uno de los voceros oficiales del régimen, el periodista Pedro Jorge Velázquez, conocido como “El Necio”, lo calificó de “terrorista mediático”.
Esta vez, una cuenta anónima le escribió: “Si de verdad usted tiene las pruebas, haga la denuncia al Tribunal Supremo, pero si lo que escribes aquí es para encender las redes, usted es un asesino en potencia”. Solo eso, en un país donde las acusaciones en redes sociales ganan más atención de las autoridades que aquellas que se presentan ante la justicia.
Sitios web bloqueados
El pasado mes el grupo Diktyon confirmó el desbloqueo de al menos 35 sitios web, entre los que se incluyeron los medios ADN Cuba, Proyecto Inventario y Martí Noticias, y las organizaciones Cubalex y Damas de Blanco. Entre el 7 de julio y el 8de agosto -cuando se retomó el bloqueo- los cubanos en la isla pudieron acceder a esas páginas sin necesidad de usar VPN.
El régimen utiliza tecnología de Inspección Profunda de Paquetes (DPI, por sus siglas en inglés), para vetar estos sitios. “El uso de DPI es sofisticado y permite una censura muy específica, capaz de identificar y bloquear el contenido en tiempo real. Esto implica que el gobierno cubano ha invertido en tecnología avanzada para su control de Internet”, refirió Diktyon.
