Ilustración: Art Tonio
En los dos últimos años, la población de presos políticos en Cuba ha aumentado considerablemente. Las organizaciones independientes calculan un subregistro de 800 encarcelados, desde las históricas protestas del 11J. Para ellos, la vida en la cárcel es mucho más difícil que para el resto de los reclusos.
A menudo les prohíben las llamadas telefónicas a su familia. Reciben castigos, amenazas y acoso, tanto por parte de los guardias como de otros reos. Los propios oficiales de centros penitenciarios utilizan a menudo a presos condenados por delitos comunes para que intimiden a los sancionados por razones políticas.
Como cada mes, YucaByte hace un seguimiento de estos casos. En especial, desde que observamos un incremento de arrestos y procesos judiciales por publicaciones en redes sociales.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales
Mayelín Rodríguez Prado, la camagüeyana que fue sancionada a 15 años de privación de libertad por documentar las protestas de Nuevitas, fue trasladada a una celda de castigo el 5 de junio. Según denunció el periodista José Luis Tan Estrada, una reclusa que amenazó de muerte a Rodríguez Prado fue trasladada a su propia galera. “La decisión que tomaron fue que Mayelín era la que tenía que cambiarse de lugar. Mayelín se negó (…) y la pusieron en la celda de castigo en condiciones inhumanas”.
Unos días más tarde, el 8 de junio, se dio a conocer la petición fiscal de la youtuber Sulmira Martínez, luego de más de un año y medio de espera en la cárcel. El suyo es otro de los llamados “casos ejemplarizantes”, pues la joven se enfrenta ahora a una severa condena de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “desacato”.
Martínez fue detenida en enero de 2023, luego de una publicación en Facebook en la que incitó a los cubanos a manifestarse en la calle. Pasó 67 días de interrogatorios y tortura psicológica en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado. Los oficiales le prometieron liberarla a cambio de un falso testimonio de inculpación. El video de la supuesta confesión de Martínez no solo fue transmitido en televisión nacional como estrategia de descrédito, sino que está siendo utilizado como prueba de las acusaciones contra ella.
Los opositores Juan José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García también están siendo acusados de “propaganda contra el orden constitucional”, según informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). La Seguridad del Estado asegura que los activistas lanzaron proclamas contra el régimen, por un un video que encontraron en un disco duro de Pompa López, incautado durante la detención.
En Las Tunas, Víctor Manuel Hidalgo espera fecha de juicio a tres meses de su detención. Su esposa, Andrielis Guerrero, comentó a YucaByte que el expediente ya está listo para la vista oral, a pesar de que el proceso sufrió retrocesos luego de que los oficiales volvieron a tomar declaraciones a Hidalgo. Esta vez, buscaban indagar e inculpar por presuntas conexiones con opositores, como han hecho con otras personas detenidas sin vínculos políticos.
Por su parte, al manifestante del 11J Jorge Martín Perdomo le suspendieron las llamadas telefónicas a finales de junio. Su madre, Marta Perdomo, reportó que estuvo nueve días sin comunicarse con Martín, quien cumple sanción de ocho años de cárcel en el campamento Ho Chi Minh, en Mayabeque. “Se están violando todos los derechos de comunicación con su familia; seguiré adelante con mi denuncia en los lugares pertinentes”, sentenció Perdomo.
Detenciones, interrogatorios y multas
A principios del mes, fue detenido en Guantánamo el coordinador nacional de Recursos Humanos del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Juan Luis Bravo Rodríguez. El activista estuvo bajo interrogatorio hasta cerca de la medianoche de ese mismo dia, el 7 de junio. “Los represores le advirtieron que podía ir a prisión por no estar acreditado oficialmente como periodista en el país”, y lo amenazaron por sus publicaciones en redes sociales, informó el ICLEP.
El 18 de junio, el arresto arbitrario de tres intelectuales cubanas sacudió las redes. Las profesoras Jenny Pantoja y Bárbara Alina López Hernández fueron detenidas y golpeadas cuando se dirigían de Matanzas a La Habana, para la protesta pacífica que López Hernández intenta celebrar el día 18 de cada mes.
Minutos antes de la detención, Pantoja recibió un mensaje anónimo, vía SMS, en el que le advirtieron que esa sería la última vez que la académica, residente en la capital, llegaría a la ciudad de Matanzas.
Pantoja se convirtió en otro de los objetivos de la Seguridad del Estado luego del juicio a la profesora Alina Bárbara, en noviembre de 2023. Ese mes durmió una noche en el calabozo, acusada de “desorden público”. Afirma que los oficiales de la SE visitan su trabajo y presionan a sus jefes para que, a su vez, la presionen a ella. Aunque Pantoja sospecha que el acoso comenzó antes, en 2022, cuando comenzó a sufrir cortes inexplicables de internet, según dijo a CubaNet.
Miryorli García fue detenida en las inmediaciones de su casa ese mismo 18 de junio, también por apoyar las manifestaciones pacíficas de López Hernández. En el interrogatorio, le explicaron que la causa del acoso que ha sufrido en los dos últimos meses fue su protesta en el Parque Central, el pasado 18 de abril. Además, le ordenaron que se desvistiera para hacerle un registro, en busca de su teléfono celular, a lo que García se negó.
Al día siguiente, el 19 de junio, el periodista de 14ymedio Julio Aleaga recibió una multa de 3.000 CUP bajo el Decreto-Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”. En un interrogatorio de tres horas, el reportero fue increpado por agentes del Ministerio de Comunicaciones por su «trabajo en las redes», especialmente por sus breves videos con análisis sobre temas de actualidad de la realidad cubana”, denunció el medio independiente.
La activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Lisandra Rivera Rodríguez fue citada a interrogatorio el 20 de junio, en Santiago de Cuba. Los oficiales de la SE la interpelaron porque su hijo de cuatro años se hizo viral en las redes con una canción, donde llama “dictador” y “singao” a Miguel Díaz-Canel.
No es la primera vez que Rivera Rodríguez es acosada por su abierta oposición al régimen. En 2017 fue sancionada a dos años de privación de libertad por el presunto delito de “atentado”. Al igual que otros presos políticos, durante su paso por la cárcel sufrió castigos y vejaciones por no ceder ante las presiones de la Seguridad del Estado.
En esa misma provincia oriental, el colaborador de Diario de Cuba Jorge Amado Robert Vera fue arrestado el 24 de junio. En el interrogatorio le decomisaron su teléfono celular y dinero, sin orden ni constancia judicial alguna. Aunque le devolvieron el móvil, nunca le regresaron el efectivo incautado.
«Me sacaron la Ley 162 de Comunicación Social, en concreto el artículo 13, y me dijeron que no puedo publicar en las redes, donde yo soy muy crítico de los funcionarios [del régimen cubano]”, denunció Robert Vera en el medio para el cual colabora.
La Ley de Comunicación Social se suma a la lista de normas jurídicas que el régimen diseñó no solo para controlar el espacio online, sino también para intimidar y amenazar a los cubanos que ejercen su libre expresión en redes. Otros activistas, como Yamilka Lafita, han reportado amenazas bajo este mismo instrumento legal.
El artículo en cuestión regula los contenidos a publicar en la web. Dicta que, en ningún caso, las publicaciones pueden emplearse con el objetivo de “subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social, ni sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”. Tampoco pueden humillar ni acosar a las personas, algo que irónicamente el propio régimen hace cuando amenaza y desacredita, tanto en las redes como en los medios oficiales, a periodistas, activistas y familiares de presos políticos.
Los miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) Consuelo Rodríguez Hernández y Lázaro Roberto Aguiar Mendoza fueron amenazados con penas de dos a ocho años de prisión, también por sus publicaciones en redes sociales. Según reportó el ICLEP, la Seguridad del Estado citó para interrogatorio al matrimonio, residente en Cruces, Cienfuegos, el pasado 26 de junio. Les prohibieron compartir o publicar contenidos, a riesgo de sufrir no solo cárcel, sino también registros en el hogar, decomiso de equipos y multa bajo el Decreto-Ley 370.
Por otra parte, el humorista Ulises Toirac, quien ha reportado cortes de internet en los últimos meses, denunció en su cuenta de Facebook la cancelación de su presentación en Cienfuegos. No es la primera vez que las instituciones estatales suspenden el espectáculo de Toirac. En abril de este año el actor no pudo participar en una peña humorística en la capital, sin ninguna explicación convincente. “No sé porqué me da la impresión de que la lista en la que estoy se pone más negra”, dijo entonces.
Corte de internet y restricción de cuentas
Desde el primer día del mes el periodista camagueyano José Luis Tan Estrada ha denunciado cortes y ralentización del servicio de internet, que se prolongan por varias horas. Las dificultades para conectarse hacen más precarias aún las condiciones en que trabajan los periodistas independientes desde Cuba.
Al activista José Elias González Agüero le bloquearon igualmente el acceso a internet el 29 de junio. Ese día tenía cita, en su propia casa, con otros líderes y miembros del PUNCLI, pero la Seguridad del Estado impidió el encuentro a fuerza de un operativo policial, y estableció un perímetro para evitar que cualquier persona se acercase a la vivienda. Del operativo resultó arrestado el también activista Alejandro García Arias.
Por su parte, Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, presentó una reclamación el 21 de junio en la sede central de ETECSA. “Empecé reclamando por una de mis líneas que ellos desactivaron, y ahí aproveché para decirles todo. Y ellos siempre se hacen que no [pasa nada], que hay problemas con la conexión”, dijo a YucaByte.
“Al final resolví. Hicieron un montón de llamadas y pude recuperar una de mis líneas”, aseguró Bonne Gamboa. “Aunque no sirve para nada, porque está a mi nombre y es de las primeras que se cae cuando pasa algo. Pero bueno, está a mi nombre, la pagué yo y la quiero”.
La periodista Yunia Figueredo lleva meses con una línea móvil inhabilitada. Este mes, además, Facebook le restringió el acceso a su cuenta por una hora. Figueredo es una de las víctimas recurrentes de violaciones a derechos digitales. En ocasiones anteriores, el régimen le ha cortado el servicio de internet en fechas señaladas, y durante manifestaciones.
Sitios web bloqueados
Este mes el grupo Diktyon presentó su informe trimestral sobre la salud del internet en Cuba. El monitoreo de abril a junio confirmó la censura sobre páginas web y la ralentización del servicio a internet que YucaByte ha reportado en ocasiones anteriores.
De un total de 240 dominios que el grupo Diktyon monitorea, 65 están bloqueados desde Cuba. El grueso de esta cifra la comprenden páginas de medios independientes y otras de contenido sobre derechos humanos. También Tor, una herramienta que provee navegación anónima y privacidad con los datos de los usuarios, permaneció bloqueada.
Entre abril y mayo, las velocidades de conexión fueron “extremadamente lentas tanto en datos móviles como en banda ancha fija, muy por debajo de los estándares ideales para un acceso eficaz a Internet”, según los análisis del grupo. Las velocidades rondaron entre los 3,77 y 4,15 Mbps de descarga, 3,96 y 4,12 Mbps de carga para la banda móvil.
“En cuanto a la banda ancha fija, la situación también sigue siendo desfavorable. Cuba se mantuvo en el último puesto, número 181 de los 181 países estudiados por SpeedTest, con una velocidad promedio de descarga de 2,95 Mbps y una velocidad de subida de apenas 0,96 Mbps. Este desempeño coloca a la Isla en una posición crítica en la clasificación mundial, lo que subraya los desafíos significativos en la infraestructura de Internet del país”.
La aplicación de mensajería Signal presentó anomalías que sugieren posibles restricciones por parte del régimen, como “fallos en la resolución DNS, respuestas lentas del servidor y la incapacidad para acceder a algunos host de la red”. No obstante, Diktyon aseguró que aún no se puede determinar las causas y el tipo de censura de la app, diseñada para proteger al máximo la privacidad de los usuarios.
